Han propuesto ustedes hacer del 18 de julio de 2006 día internacional de repulsa al franquismo, erigir monumentos en memoria de sus víctimas y recordar que el Valle de los Caídos fue construido por presos republicanos. Inmediatamente se vienen a la cabeza las frases del gran filósofo español Ortega y Gasset dirigidas a Einstein y otros intelectuales, favorables al Frente Popular español: "Einstein se ha creído con derecho a opinar sobre la guerra civil española y tomar posición ante ella. Ahora bien, Albert Einstein usufructúa una ignorancia radical sobre lo que ha pasado en España ahora, hace siglos y siempre. El espíritu que le lleva a esta insolente intervención es el mismo que desde hace mucho tiempo viene causando el desprestigio universal del hombre intelectual, el cual, a su vez, hace que hoy vaya el mundo a la deriva, falto de pouvoir spirituel".
Me temo que la información que ustedes manejan sobre el 18 de julio proviene del gobierno español, liderado por un autoproclamado "rojo", el señor Zapatero. Se trata básicamente de la propaganda elaborada por la Comintern comunista, reproducida desde los años 60 por historiadores de la misma ideología, como Tuñón de Lara o Gabriel Jackson. Acerca de ella expresaba su indignación otro de los más distinguidos intelectuales liberales españoles del siglo XX, el doctor Gregorio Marañón: "Esa constante mentira comunista es lo más irritante de los rojos. Por no someterme a esa servidumbre estúpida de la credulidad, es por lo que estoy contento de mi actitud". El reconocido historiador británico Paul Johnson ha señalado la guerra de España como uno de los episodios del siglo XX sobre los que más se ha mentido. Creo que ustedes debieran imitar a Ortega y a Marañón, y precaverse contra esa "constante mentira comunista", hoy nuevamente tan en boga.
Según esa propaganda, la guerra de España enfrentó a la democracia y al fascismo. Pero si ustedes prestan atención a los integrantes del Frente Popular y sus aliados, verán cuán imposible es tal pretensión. Ni los anarquistas ni los comunistas ni los socialistas de entonces, en muchos aspectos más radicalizados que los comunistas, tenían nada de demócratas. Tampoco el racista Partido Nacionalista Vasco, ni los republicanos de izquierdas y nacionalistas catalanes, que habían intentado golpes de estado nada más perder las elecciones democráticas del 1933. Y, en fin, como no pueden ignorar ustedes, aquel Frente Popular estuvo dirigido, más que protegido, por Stalin, a quien, supongo, nadie calificará en serio de demócrata.
En la guerra de España la democracia no jugó ningún papel, pues la relativa democracia republicana había sido destruida previamente en dos golpes sucesivos. El primero fue el movimiento revolucionario de octubre de 1934, contra un gobierno de derecha plenamente legítimo y respetuoso con la ley. La revolución fue organizada, textualmente como guerra civil, por el PSOE con el fin explícito de imponer un régimen de tipo soviético; y por los nacionalistas catalanes, con fines separatistas. La apoyaron los comunistas, los anarquistas (en parte) y los republicanos de izquierda. El ataque a la legalidad fracasó en dos semanas, pero dejó 1.400 muertos y cuantiosas destrucciones.
El segundo golpe a la democracia fue el proceso revolucionario desatado tras las elecciones de febrero de 1936. Elecciones irregulares por sus violencias y sus fraudes, reconocidos por Azaña, el republicano de izquierda que pasó a gobernar entonces. Las izquierdas, agrupadas en el Frente Popular, ganaron en escaños, aunque empataron en votos, y de inmediato comenzó a imponerse la ley desde la calle, mientras el gobierno destituía ilegítimamente al presidente de la República, Alcalá-Zamora, arrebataba despóticamente escaños parlamentarios a la derecha, depuraba el alto funcionariado, liquidaba la independencia del poder judicial y amparaba unas violencias callejeras que en sólo cinco meses causaron 300 muertos, centenares de incendios de iglesias, centros culturales y políticos de la derecha, periódicos, etc. Las izquierdas respondían con amenazas de muerte, en pleno Parlamento, a los líderes derechistas, el moderado Gil-Robles y el más extremista Calvo Sotelo, cuando éstos pedían al gobierno, simplemente, que cumpliese e hiciese cumplir la ley.
Al negarse a cumplir la ley y anularla activamente por medio de actos consumados, el gobierno del Frente Popular perdió una legitimidad ya dudosa de origen. El arrasamiento de la legalidad democrática por las izquierdas y la total descomposición del estado quedaron de relieve cuando una fuerza mixta de policías y milicianos socialistas secuestró en su casa y asesinó a Calvo Sotelo, después de haber fallado en el intento de hacer lo mismo con Gil-Robles. Aquel crimen colmó el vaso y empujó a la rebelión a una parte del ejército, que venía preparándose para ella ante el cariz de los sucesos, pero era muy renuente a emprenderla, entre otras cosas por la gran probabilidad de ser vencidos. Probabilidad que estuvo a punto de materializarse.
Y, cuando la ley cae por tierra, en todos los países vienen las atrocidades y las venganzas, cometidas en España por los dos bandos. Pero el gran responsable de haber llegado a ese extremo fue el Frente Popular, al cual una propaganda grotesca pretende identificar con la democracia. Contra la "irritante mentira roja", el alzamiento derechista y la guerra no destruyeron la democracia, sino al revés: la destrucción de la democracia por aquellas radicalizadas izquierdas ocasionó la guerra. La cual no fue una pugna entre demócratas y fascistas, sino entre totalitarios de izquierda y autoritarios de derechas: la dictadura de Franco jamás llegó al absolutismo de las comunistas ensayadas en España e impuestas a la mitad de Europa después de 1945.
Cabe recordar, además, las numerosas atrocidades, con torturas y asesinatos, entre unos y otros partidos de izquierda. Y la represión franquista de posguerra no debe oscurecer el hecho de que los jefes del Frente Popular huyeron todos, sin la menor preocupación por el salvamento de miles de seguidores suyos comprometidos en el terror contra las derechas. Estos últimos, culpables de crímenes espeluznantes, fueron juzgados y ejecutados por el franquismo al lado de bastantes inocentes. Pero es un insulto a los inocentes equipararlos a todos bajo el título de "víctimas del franquismo". En cuanto al Valle de los Caídos, también precisan ustedes información más fidedigna. Sólo un pequeño número de los trabajadores en esa obra, alrededor de una décima parte, fueron presos. Y trabajaron en régimen de "redención de penas por el trabajo", a razón de cinco días de pena conmutados por cada uno trabajado. Nada parecido a los campos soviéticos o nazis.
Probablemente el gobierno del "rojo" Zapatero quiera hacerles creer a ustedes que lo aquí expuesto es una interpretación franquista. Para que se hagan una idea al respecto, añadiré a las citas de Ortega y de Marañón, el comentario de uno de los mayores novelistas españoles de la época, el liberal Pérez de Ayala, sobre el Frente Popular: "Cuanto se diga de los desalmados mentecatos que engendraron y luego nutrieron a sus pechos nuestra gran tragedia, todo me parecerá poco. Nunca pude concebir que hubieran sido capaces de tanto crimen, cobardía y bajeza". Marañón observó que "todo es en ellos latrocinio, locura, estupidez". Y las citas podrían alargarse mucho.
Pues bien, estos tres intelectuales, Ortega, Marañón y Pérez de Ayala, habían sido declarados "padres espirituales de la República", por sus esfuerzos para traer a España una democracia liberal. La misma que fue echada abajo por las violencias revolucionarias. "Mi respeto y mi amor por la verdad me obligan a reconocer que la República española ha sido un fracaso trágico", constató Marañón amargamente. Termino con una cita del propio Azaña, líder de las izquierdas burguesas, sobre la calidad de aquellos republicanos: "política tabernaria, incompetente, de amigachos, de codicia y botín, sin ninguna idea alta".
Nada, pues de versiones franquistas. Ustedes han sido víctimas de la "irritante mentira roja" difundida masivamente por el actual gobierno español, que les ha manipulado para convertirles en portavoces de ella, desacreditando una institución consagrada a la defensa de la democracia y los derechos parlamentarios. Un gobierno que está hundiendo la Constitución española mediante hechos consumados y en connivencia con el terrorismo etarra. No sé qué dirían de él los "padres espirituales de la República", pero no me cuesta mucho imaginarlo.
Benedicto XVI autoriza la beatificación de 53 mártires asesinados durante la Guerra Civil
El número de perseguidos por el «odio a la fe católica» en España, entre 1934 y 1939, oscila entre las 7.000 y las 10.000 víctimas
L. R. R.
Benedicto XVI, durante la última beatificación de ocho mártires catalanes, celebrada el pasado 30 de octubre
Ciudad del Vaticano- Cincuenta y tres asesinados durante la Guerra Civil española -entre obispos, sacerdotes, religiosos y una monja- subirán a los altares en las próximos meses, después de que el Papa Benedicto XVI aprobase ayer los decretos sobre sus martirios. Además, los religiosos españoles se unirán -junto a otros 34 también en proceso de beatificación- a los 479 mártires proclamados beatos y a los once ya canonizados (santos). Según datos eclesiásticos españoles, los «perseguidos por odio a la fe católica» durante la Revolución de Asturias (octubre de 1934) y la Guerra Civil, considerados mártires por la Iglesia, oscilan entre las 7.000 y 10.000 víctimas. Entre los futuros beatos se encuentran monseñor Cruz Laplana y Laguna, obispo de Cuenca, asesinado entre el 7 y el 8 de agosto de 1937 en la sede de su diócesis; el sacerdote Fernando Español, fusilado en agosto del 36 también en Cuenca; y Margarita María López de Maturana, fundadora de las Mercedarias Misioneras, que murió a causa de su fe en 1934, en San Sebastián.
Imponer por ley una memoria histórica sectaria no sólo es contrario al espíritu de la Transición plasmado en la Constitución, sino también una forma segura de repetir los errores del pasado
29 de abril de 2006. El Congreso de los Diputados acaba de aprobar una proposición de ley presentada por IU, que ahora pasará al Senado para completar su tramitación parlamentaria, mediante la que se pretende declarar el año 2006 como "Año de la Memoria Histórica". En esta proposición, a sugerencia de una enmienda del PSOE, se reconoce la II República como antecedente de la actual democracia y se insta al Gobierno a que promueva actos de homenaje a las víctimas de la Guerra Civil y del franquismo, así como a los impulsores de la Transición.
El PP, único grupo que votó en contra, presentó una enmienda para que el año 2006 fuera declarado "Año de la Concordia". Su portavoz, Manuel Atencia manifestó que los populares se opondrán a todas las iniciativas sobre la llamada "Memoria Histórica", por considerar que "son contrarias al pacto constitucional, intentan imponer una verdad oficial, tratan de revisar la transición democrática, dividen a los españoles y reabren viejas heridas".
Ciertamente, es inevitable poner en relación la iniciativa aprobada con el proceso en marcha para cambiar el modelo político instaurado durante la Transición, que se basó en el reconocimiento de la necesidad de superar y no repetir el pasado trágico de nuestro país y no, como sostienen ahora el PSOE y sus aliados parlamentarios, en el ocultamiento u olvido de ese pasado. De hecho, a lo largo de la presente etapa democrática han florecido estudios históricos de todas las tendencias sobre la II República, la Guerra Civil y el Régimen de Franco.
Imponer por ley una memoria histórica única y sectaria no sólo es lo más opuesto que cabe concebir al espíritu de la Transición que se plasmó en la Constitución, sino también una forma segura de reproducir los errores del pasado. Nadie discute que todo el mundo es libre de recordar y conmemorar a quienes considera sus héroes, pero en democracia utilizar los muertos como arma arrojadiza para deslegitimar al adversario político sólo puede conducir a reabrir heridas cerradas por la España real.
El PP nunca se ha presentado como un partido continuador del Régimen de Franco o de los grupos de centro y de derecha que había en tiempos de la II República. En cambio, el PSOE, el PCE o ERC son los partidos del mismo nombre existentes en aquella época y que participaron en la Guerra Civil. Si se rompe el pacto de concordia nacional de la Transición, alguien acabará pidiéndoles cuentas por su actuación en el pasado.
También la Corona tendría algo que decir a este respecto. A nadie se le puede escapar que si la actual democracia, como sostiene la proposición de ley aprobada, es heredera de la II República, el siguiente paso será cuestionar la continuidad de la institución monárquica en España.
4 comentarios:
¿Los mejores discos de rock en castellano? ¿Qué lugar ocuparía entonces Radio Futura? ¿Cómo calificar las letras de Santiago Auserón?
CARTA ABIERTA AL CONSEJO DE EUROPA
Han propuesto ustedes hacer del 18 de julio de 2006 día internacional de repulsa al franquismo, erigir monumentos en memoria de sus víctimas y recordar que el Valle de los Caídos fue construido por presos republicanos. Inmediatamente se vienen a la cabeza las frases del gran filósofo español Ortega y Gasset dirigidas a Einstein y otros intelectuales, favorables al Frente Popular español: "Einstein se ha creído con derecho a opinar sobre la guerra civil española y tomar posición ante ella. Ahora bien, Albert Einstein usufructúa una ignorancia radical sobre lo que ha pasado en España ahora, hace siglos y siempre. El espíritu que le lleva a esta insolente intervención es el mismo que desde hace mucho tiempo viene causando el desprestigio universal del hombre intelectual, el cual, a su vez, hace que hoy vaya el mundo a la deriva, falto de pouvoir spirituel".
Me temo que la información que ustedes manejan sobre el 18 de julio proviene del gobierno español, liderado por un autoproclamado "rojo", el señor Zapatero. Se trata básicamente de la propaganda elaborada por la Comintern comunista, reproducida desde los años 60 por historiadores de la misma ideología, como Tuñón de Lara o Gabriel Jackson. Acerca de ella expresaba su indignación otro de los más distinguidos intelectuales liberales españoles del siglo XX, el doctor Gregorio Marañón: "Esa constante mentira comunista es lo más irritante de los rojos. Por no someterme a esa servidumbre estúpida de la credulidad, es por lo que estoy contento de mi actitud". El reconocido historiador británico Paul Johnson ha señalado la guerra de España como uno de los episodios del siglo XX sobre los que más se ha mentido. Creo que ustedes debieran imitar a Ortega y a Marañón, y precaverse contra esa "constante mentira comunista", hoy nuevamente tan en boga.
Según esa propaganda, la guerra de España enfrentó a la democracia y al fascismo. Pero si ustedes prestan atención a los integrantes del Frente Popular y sus aliados, verán cuán imposible es tal pretensión. Ni los anarquistas ni los comunistas ni los socialistas de entonces, en muchos aspectos más radicalizados que los comunistas, tenían nada de demócratas. Tampoco el racista Partido Nacionalista Vasco, ni los republicanos de izquierdas y nacionalistas catalanes, que habían intentado golpes de estado nada más perder las elecciones democráticas del 1933. Y, en fin, como no pueden ignorar ustedes, aquel Frente Popular estuvo dirigido, más que protegido, por Stalin, a quien, supongo, nadie calificará en serio de demócrata.
En la guerra de España la democracia no jugó ningún papel, pues la relativa democracia republicana había sido destruida previamente en dos golpes sucesivos. El primero fue el movimiento revolucionario de octubre de 1934, contra un gobierno de derecha plenamente legítimo y respetuoso con la ley. La revolución fue organizada, textualmente como guerra civil, por el PSOE con el fin explícito de imponer un régimen de tipo soviético; y por los nacionalistas catalanes, con fines separatistas. La apoyaron los comunistas, los anarquistas (en parte) y los republicanos de izquierda. El ataque a la legalidad fracasó en dos semanas, pero dejó 1.400 muertos y cuantiosas destrucciones.
El segundo golpe a la democracia fue el proceso revolucionario desatado tras las elecciones de febrero de 1936. Elecciones irregulares por sus violencias y sus fraudes, reconocidos por Azaña, el republicano de izquierda que pasó a gobernar entonces. Las izquierdas, agrupadas en el Frente Popular, ganaron en escaños, aunque empataron en votos, y de inmediato comenzó a imponerse la ley desde la calle, mientras el gobierno destituía ilegítimamente al presidente de la República, Alcalá-Zamora, arrebataba despóticamente escaños parlamentarios a la derecha, depuraba el alto funcionariado, liquidaba la independencia del poder judicial y amparaba unas violencias callejeras que en sólo cinco meses causaron 300 muertos, centenares de incendios de iglesias, centros culturales y políticos de la derecha, periódicos, etc. Las izquierdas respondían con amenazas de muerte, en pleno Parlamento, a los líderes derechistas, el moderado Gil-Robles y el más extremista Calvo Sotelo, cuando éstos pedían al gobierno, simplemente, que cumpliese e hiciese cumplir la ley.
Al negarse a cumplir la ley y anularla activamente por medio de actos consumados, el gobierno del Frente Popular perdió una legitimidad ya dudosa de origen. El arrasamiento de la legalidad democrática por las izquierdas y la total descomposición del estado quedaron de relieve cuando una fuerza mixta de policías y milicianos socialistas secuestró en su casa y asesinó a Calvo Sotelo, después de haber fallado en el intento de hacer lo mismo con Gil-Robles. Aquel crimen colmó el vaso y empujó a la rebelión a una parte del ejército, que venía preparándose para ella ante el cariz de los sucesos, pero era muy renuente a emprenderla, entre otras cosas por la gran probabilidad de ser vencidos. Probabilidad que estuvo a punto de materializarse.
Y, cuando la ley cae por tierra, en todos los países vienen las atrocidades y las venganzas, cometidas en España por los dos bandos. Pero el gran responsable de haber llegado a ese extremo fue el Frente Popular, al cual una propaganda grotesca pretende identificar con la democracia. Contra la "irritante mentira roja", el alzamiento derechista y la guerra no destruyeron la democracia, sino al revés: la destrucción de la democracia por aquellas radicalizadas izquierdas ocasionó la guerra. La cual no fue una pugna entre demócratas y fascistas, sino entre totalitarios de izquierda y autoritarios de derechas: la dictadura de Franco jamás llegó al absolutismo de las comunistas ensayadas en España e impuestas a la mitad de Europa después de 1945.
Cabe recordar, además, las numerosas atrocidades, con torturas y asesinatos, entre unos y otros partidos de izquierda. Y la represión franquista de posguerra no debe oscurecer el hecho de que los jefes del Frente Popular huyeron todos, sin la menor preocupación por el salvamento de miles de seguidores suyos comprometidos en el terror contra las derechas. Estos últimos, culpables de crímenes espeluznantes, fueron juzgados y ejecutados por el franquismo al lado de bastantes inocentes. Pero es un insulto a los inocentes equipararlos a todos bajo el título de "víctimas del franquismo". En cuanto al Valle de los Caídos, también precisan ustedes información más fidedigna. Sólo un pequeño número de los trabajadores en esa obra, alrededor de una décima parte, fueron presos. Y trabajaron en régimen de "redención de penas por el trabajo", a razón de cinco días de pena conmutados por cada uno trabajado. Nada parecido a los campos soviéticos o nazis.
Probablemente el gobierno del "rojo" Zapatero quiera hacerles creer a ustedes que lo aquí expuesto es una interpretación franquista. Para que se hagan una idea al respecto, añadiré a las citas de Ortega y de Marañón, el comentario de uno de los mayores novelistas españoles de la época, el liberal Pérez de Ayala, sobre el Frente Popular: "Cuanto se diga de los desalmados mentecatos que engendraron y luego nutrieron a sus pechos nuestra gran tragedia, todo me parecerá poco. Nunca pude concebir que hubieran sido capaces de tanto crimen, cobardía y bajeza". Marañón observó que "todo es en ellos latrocinio, locura, estupidez". Y las citas podrían alargarse mucho.
Pues bien, estos tres intelectuales, Ortega, Marañón y Pérez de Ayala, habían sido declarados "padres espirituales de la República", por sus esfuerzos para traer a España una democracia liberal. La misma que fue echada abajo por las violencias revolucionarias. "Mi respeto y mi amor por la verdad me obligan a reconocer que la República española ha sido un fracaso trágico", constató Marañón amargamente. Termino con una cita del propio Azaña, líder de las izquierdas burguesas, sobre la calidad de aquellos republicanos: "política tabernaria, incompetente, de amigachos, de codicia y botín, sin ninguna idea alta".
Nada, pues de versiones franquistas. Ustedes han sido víctimas de la "irritante mentira roja" difundida masivamente por el actual gobierno español, que les ha manipulado para convertirles en portavoces de ella, desacreditando una institución consagrada a la defensa de la democracia y los derechos parlamentarios. Un gobierno que está hundiendo la Constitución española mediante hechos consumados y en connivencia con el terrorismo etarra. No sé qué dirían de él los "padres espirituales de la República", pero no me cuesta mucho imaginarlo.
Pio Moa marzo 2006
Benedicto XVI autoriza la beatificación de 53 mártires asesinados durante la Guerra Civil
El número de perseguidos por el «odio a la fe católica» en España, entre 1934 y 1939, oscila entre las 7.000 y las 10.000 víctimas
L. R. R.
Benedicto XVI, durante la última beatificación de ocho mártires catalanes, celebrada el pasado 30 de octubre
Ciudad del Vaticano- Cincuenta y tres asesinados durante la Guerra Civil española -entre obispos, sacerdotes, religiosos y una monja- subirán a los altares en las próximos meses, después de que el Papa Benedicto XVI aprobase ayer los decretos sobre sus martirios. Además, los religiosos españoles se unirán -junto a otros 34 también en proceso de beatificación- a los 479 mártires proclamados beatos y a los once ya canonizados (santos).
Según datos eclesiásticos españoles, los «perseguidos por odio a la fe católica» durante la Revolución de Asturias (octubre de 1934) y la Guerra Civil, considerados mártires por la Iglesia, oscilan entre las 7.000 y 10.000 víctimas. Entre los futuros beatos se encuentran monseñor Cruz Laplana y Laguna, obispo de Cuenca, asesinado entre el 7 y el 8 de agosto de 1937 en la sede de su diócesis; el sacerdote Fernando Español, fusilado en agosto del 36 también en Cuenca; y Margarita María López de Maturana, fundadora de las Mercedarias Misioneras, que murió a causa de su fe en 1934, en San Sebastián.
Imponer por ley una memoria histórica sectaria no sólo es contrario al espíritu de la Transición plasmado en la Constitución, sino también una forma segura de repetir los errores del pasado
29 de abril de 2006. El Congreso de los Diputados acaba de aprobar una proposición de ley presentada por IU, que ahora pasará al Senado para completar su tramitación parlamentaria, mediante la que se pretende declarar el año 2006 como "Año de la Memoria Histórica". En esta proposición, a sugerencia de una enmienda del PSOE, se reconoce la II República como antecedente de la actual democracia y se insta al Gobierno a que promueva actos de homenaje a las víctimas de la Guerra Civil y del franquismo, así como a los impulsores de la Transición.
El PP, único grupo que votó en contra, presentó una enmienda para que el año 2006 fuera declarado "Año de la Concordia". Su portavoz, Manuel Atencia manifestó que los populares se opondrán a todas las iniciativas sobre la llamada "Memoria Histórica", por considerar que "son contrarias al pacto constitucional, intentan imponer una verdad oficial, tratan de revisar la transición democrática, dividen a los españoles y reabren viejas heridas".
Ciertamente, es inevitable poner en relación la iniciativa aprobada con el proceso en marcha para cambiar el modelo político instaurado durante la Transición, que se basó en el reconocimiento de la necesidad de superar y no repetir el pasado trágico de nuestro país y no, como sostienen ahora el PSOE y sus aliados parlamentarios, en el ocultamiento u olvido de ese pasado. De hecho, a lo largo de la presente etapa democrática han florecido estudios históricos de todas las tendencias sobre la II República, la Guerra Civil y el Régimen de Franco.
Imponer por ley una memoria histórica única y sectaria no sólo es lo más opuesto que cabe concebir al espíritu de la Transición que se plasmó en la Constitución, sino también una forma segura de reproducir los errores del pasado. Nadie discute que todo el mundo es libre de recordar y conmemorar a quienes considera sus héroes, pero en democracia utilizar los muertos como arma arrojadiza para deslegitimar al adversario político sólo puede conducir a reabrir heridas cerradas por la España real.
El PP nunca se ha presentado como un partido continuador del Régimen de Franco o de los grupos de centro y de derecha que había en tiempos de la II República. En cambio, el PSOE, el PCE o ERC son los partidos del mismo nombre existentes en aquella época y que participaron en la Guerra Civil. Si se rompe el pacto de concordia nacional de la Transición, alguien acabará pidiéndoles cuentas por su actuación en el pasado.
También la Corona tendría algo que decir a este respecto. A nadie se le puede escapar que si la actual democracia, como sostiene la proposición de ley aprobada, es heredera de la II República, el siguiente paso será cuestionar la continuidad de la institución monárquica en España.
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